PARTE III: UNA CÁRCEL CON OTRO NOMBRE

Los Capuchinos a principios del siglo XX era un convento de monjas, después se transformó en un cuartel militar. Luego fue abandonado. En 1990 el gobierno del socialista Felipe González lo transformó en un centro de internamiento. De todos los cie que se encuentran en el territorio, Capuchinos es de lejos el que mayor número de denuncias acumula.

El informe titulado “Cronología de incidentes en el cie de Capuchinos”,elaborado por Gabriel Ruiz Enciso de Médicos del Mundo y la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, señala las irregularidades.

En 1994, 46 internos llevan a cabo una huelga de hambre protestando por las condiciones de vida en el sitio y, al año siguiente, una mujer brasileña denuncia haber sufrido acoso sexual por parte de un agente policial en reiteradas ocasiones.

En junio de 1996 una operación secreta de la policía expulsa a 103 inmigrantes que se hallaban detenidos en Capuchinos sedándolos previamente con haloperidol, para luego transportarlos en aviones militares a África.

Entre 1998 y 1999 se producen tres incendios provocados, la mayor parte de las veces, por los internos que no soportan las condiciones de encarcelamiento.

Diputados de Izquierda Unida piden la comparecencia del Ministro del Interior en el Parlamento para que dé cuenta de la situación. Pero todo sigue igual. En 2002, el Defensor del Pueblo denuncia “Ninguno de los cie reúne las condiciones para albergar a estas personas que en modo alguno deben ser criminalizadas”.

Los grupos activistas de la ciudad piden visitar el lugar y el gobierno de José María Aznar responde negativamente argumentando que el artículo 18 de la Constitución española protege el respeto a la intimidad de las personas.

El 22 de julio de 2006 estalla el mayor escándalo que ha sacudido a Capuchinos. Una investigación interna de la propia policía da cuenta de la “celebración de alguna fiesta nocturna, en la que participaban internas y que podrían haber llegado a mantener relaciones sexuales con los funcionarios”.

Siete policías son destituidos y puestos a disposición de la justicia, entre ellos el jefe de seguridad del centro.

Días más tarde, Amnistía Internacional denuncia que tres de las seis denunciantes han sido deportadas. “¿Cómo es posible —se pregunta Amnistía Internacional— cuando sus testimonios son fundamentales para que el caso no quede impune?”.