Guillermo Monasterio provieniente del sur de Bolivia. Llegó a España en 2005 en busca de un futuro mejor. En Madrid, en noviembre de 2007 le diagnostican tuberculosis pulmonar. A mediados de febrero de 2008 es detenido por la policía en las calles de la capital y es encarcelado. Él comunica inmediatamente a la policía que está enfermo de tuberculosis. Días después se presenta ante el juez. El magistrado ordena que lo internen en el cie de Aluche. El médico que lleva a cabo la revisión de rutina no le cree. “Estás sano”, diagnostica.
Debido a la suspensión del tratamiento su salud se deteriora. La policía decide aislarlo en una celda sucia. No le permiten ir al baño, así que tiene que hacer sus necesidades allí dentro. La medicación se la dan fuera de las horas prescritas, por lo cual tampoco le hace efecto.
Mientras, la plataforma social Cerremos los cie organiza una manifestación en Madrid en defensa de los detenidos en Aluche, lo que llama la atención de los medios. Gracias a este revuelo, el caso de Guillermo llega a la prensa y aunque cuenta su historia desde el anonimato para la policía es evidente que se trata de él.
Luego de ser liberado Guillermo es citado nuevamente en el cien donde es detenido.
“A las 11 de la mañana del día siguiente, me llevaron al aeropuerto, me pusieron cuerdas en las muñecas y una especie de chaleco de fuerza”, cuenta Guillermo desde Bolivia. “Yo no voy a subir”, les dice el boliviano, que conoce sus derechos. “Por mis cojones que te vas”, le responde uno de los policías.
Hannan D., miembro de la comisión que logró dar a conocer a la prensa la última huelga de hambre de los internos de Aluche, llama a los centros los “Guantánamos de Europa” y concluye: “Son la cara oculta del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
EL ALIVIO QUE NO LLEGA
Las delegaciones a cargo de administrar estos sitios niegan que en ellos ocurran las irregularidades y argumentar que no se puede mejorar la situación por razones de índole presupuestaria.
Mauricio Valente, secretario general del Centro Español de Ayuda al Refugiado, dice: “La ley dice claramente que no pueden tener un carácter penitenciario y sin embargo funcionan igual que las prisiones, con horario de cierre de celdas, permisos para pasear en el patio”, dice.
Amnistía Internacional: “Nosotros, desde hace muchos años, estamos pidiendo al Gobierno que cualquier denuncia sea investigada de manera rápida e imparcial, que se enjuicie y condene a los responsables”.
Las organizaciones sociales que trabajan a menudo apoyando a estos colectivos vulnerables piden entrar a los centros para brindar apoyo psicológico y jurídico.
Después de los últimos escándalos, en especial del que sacudió al cie de Capuchinos, algunos medios de comunicación y organizaciones sociales hicieron eco de la gravedad de la situación.
Luego del impacto que produjo en la opinión pública la llegada de la patera de la muerte la noche del 9 de julio, hasta el primer ministro Rodríguez Zapatero se mostró conmocionado y algunos miembros del Gobierno dejaron entrever que los 34 sobrevivientes de la tragedia podían llegar a tener un trato de excepción.
Pero la indignación duró poco. Al día siguiente, el Ministerio del Interior explicó a la prensa que los recién llegados ya se encontraban en los cie y que el trámite para su expulsión inmediata había comenzado. Sin excepciones. Incluidas las madres de los nueve niños muertos en la travesía.
Estas cuantro entregas son una adaptación del artículo "Bienvenidos a España" publicado en la revista Gato Pardo.
